La Cámara de Diputados retomará su actividad legislativa en agosto con el análisis de la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos económicos que el Gobierno considera prioritarios. La iniciativa busca promover que los dólares que permanecen fuera del sistema formal ingresen al circuito financiero mediante un régimen con mayores garantías para los contribuyentes.
Antes de llegar al recinto, el proyecto deberá ser debatido en las comisiones correspondientes. Para avanzar con su aprobación, La Libertad Avanza necesitará reunir apoyos de bloques aliados, ya que no cuenta con mayoría propia. Las negociaciones estarán encabezadas por las autoridades de la Cámara y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal.
El oficialismo intentará repetir los acuerdos alcanzados en votaciones anteriores con sectores del PRO, la UCR y otros espacios provinciales. En ese escenario, el respaldo de bloques como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Fuerzas del Cambio y La Neuquinidad aparece como determinante para alcanzar el quórum y la mayoría necesaria.
Entre las modificaciones previstas figura un cambio en los criterios utilizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para revisar posibles inconsistencias patrimoniales. El proyecto propone elevar del 15% al 30% el umbral de diferencia entre los ingresos y los bienes declarados que habilitaría una fiscalización del organismo.
La discusión parlamentaria también podría incorporar nuevas propuestas. Desde Unión por la Patria anticiparon que impulsarán modificaciones para excluir del régimen simplificado a funcionarios públicos y a sus familiares directos. La iniciativa surgió luego de la polémica generada por la utilización de este mecanismo por parte del exjefe de Gabinete Manuel Adorni para rectificar su declaración patrimonial.