viernes, 16 de octubre de 2026
El Presupuesto 2027 que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso enfrenta una resistencia que emerge de un sector inesperado: los gobernadores dialoguistas que suelen aportar los votos que el oficialismo necesita para sostener su agenda legislativa. Osvaldo Jaldo de Tucumán, Martín Llaryora de Córdoba y Gustavo Sáenz de Salta salieron a condicionar públicamente el apoyo de sus bloques al proyecto, apuntando especialmente a dos capítulos: los recortes en discapacidad y el financiamiento universitario. Jaldo fue el más directo: “Si Nación no hace las correcciones necesarias, no vamos a acompañar”. La advertencia llega en el momento en que el jefe de Gabinete Diego Santilli reactivó la ronda de reuniones con los mandatarios provinciales para intentar cerrar los votos necesarios.
El proyecto enviado por el Ejecutivo propone modificaciones sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad que incluyen eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, pasar la actualización de aranceles de mensual a trimestral, retomar el criterio de invalidez laboral para las pensiones no contributivas y modificar las condiciones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad. Para Jaldo, el texto “no está en consonancia” con la ley de emergencia que el propio Congreso votó recientemente. Llaryora fue igual de tajante desde sus redes sociales: “Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”. El cordobés llegó a pedirles a sus propios legisladores que no convaliden los recortes. “Les pedimos al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”, planteó.
Sáenz, que también se reunió con Santilli en el marco de las negociaciones, sumó su voz al coro crítico aunque con un tono que apunta más directamente a la relación política. “El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excel. La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”, dijo el salteño en diálogo con A24. La frase encierra un reclamo explícito: los gobernadores que pusieron votos para el oficialismo en el Congreso esperan algo a cambio, y el ajuste en discapacidad rompe un límite político que no están dispuestos a ignorar.
El financiamiento universitario, el otro frente
Además de la discapacidad, Jaldo abrió otro frente: el financiamiento de las universidades públicas. Mencionó específicamente a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Universidad Tecnológica Nacional como instituciones que requieren partidas adecuadas a sus necesidades reales. “Al tema del financiamiento de las universidades hay que corregirlo y ponerlo en consonancia con las necesidades reales que tienen las altas casas de estudio”, señaló, en un contexto de conflicto docente universitario a nivel nacional por salarios y presupuesto. El planteo no es aislado: Llaryora también reclamó lo mismo, y el cordobés cuenta con peso legislativo para hacerlo valer, dado que en Diputados responden a su armado legisladores como Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Juan Brügge y los herederos del schiarettismo.
Jaldo fue cuidadoso en aclarar que su postura no implica un rechazo anticipado al proyecto. El gobernador tucumano subrayó que es defensor de la institucionalidad y que brega por que el Gobierno nacional cuente con una ley de presupuesto aprobada. De hecho, planteó un argumento de peso para entender por qué el oficialismo no puede darse el lujo de que fracase el proyecto: si el Presupuesto 2027 no se aprueba y se prorroga el vigente, el Ejecutivo ganará discrecionalidad para distribuir partidas sin pasar por el Congreso. “El año que viene el Gobierno nacional va a poder distribuir las partidas a gusto de ellos mismos, sin haber tenido participación el Congreso nacional”, advirtió.
El escenario se parece al de fines de 2025, cuando el capítulo 11 del Presupuesto 2026 original —que también contenía recortes en discapacidad y universidades— fue bajado ante la imposibilidad de conseguir los votos. La oposición y los propios aliados del Gobierno votaron juntos en esa ocasión para frenar el ajuste. Ahora el oficialismo parece cometer el mismo error por segunda vez, con la agravante de que la negociación con los gobernadores dialoguistas se da en un contexto de acuerdos incumplidos que erosionó la confianza. Santilli tiene sobre la mesa la misma tarea que entonces: convencer a un conjunto de mandatarios que piden garantías concretas antes de comprometer sus votos en un proyecto que, en su estado actual, les genera un costo político imposible de sostener frente a sus provincias.