domingo, 16 de agosto de 2026
Un grupo de diputados de La Libertad Avanza y del PRO impulsó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone establecer el cobro de prestaciones en hospitales públicos y de carreras de grado en universidades estatales para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. La iniciativa ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados bonaerense.
Según el texto, la medida busca priorizar el uso de los recursos provinciales y sostiene que tanto el sistema de salud como la educación superior son financiados por los contribuyentes. En ese sentido, los autores del proyecto argumentan que quienes permanezcan de manera transitoria en Argentina deberían asumir el costo de esos servicios mediante recursos propios, un seguro médico o un tercero responsable.
En materia sanitaria, la propuesta establece que los pacientes alcanzados deberán acreditar cobertura o abonar el arancel antes de acceder a prestaciones programadas. Sin embargo, aclara que las urgencias y emergencias no podrán ser condicionadas por cuestiones económicas, por lo que la atención deberá brindarse de inmediato y cualquier recupero de costos se realizaría con posterioridad. También quedarían exentas las campañas de vacunación, las enfermedades de notificación obligatoria y los casos vinculados a la trata de personas.
En el ámbito universitario, el proyecto dispone que las universidades provinciales de gestión estatal definan los aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución tendría la facultad de fijar los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización, respetando su autonomía administrativa.
La iniciativa también contempla mecanismos de transparencia, ya que propone que el Ministerio de Salud y las universidades publiquen anualmente la cantidad de prestaciones y estudiantes alcanzados, los fondos recaudados y el destino de esos recursos. Además, invita a los municipios con hospitales propios a adherir al sistema y establece un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma en caso de ser aprobada.